Incapacidades
¿Qué es la incapacitación judicial?
La incapacitación judicial es el mecanismo jurídico previsto para los casos en que una persona no puede “gobernarse a sí misma”, por ejemplo como consecuencia de una enfermedad o si padece alguna deficiencia persistente de carácter físico o psíquico. La finalidad de la incapacitación no es otra que proteger los derechos e intereses del incapacitado, tanto en lo referente a su vida personal como en relación a su patrimonio.
¿Quién puede solicitar la declaración de incapacidad?
Las personas legitimadas para solicitar el proceso de incapacitación son el cónyuge o descendientes y, si no hubiese, los ascendientes o hermanos del presunto incapaz. Se puede dar el caso de que ninguno de estos familiares haya solicitado dicha incapacitación, o incluso que no estén vivos.
Entonces la declaración debe ser promovida por el Ministerio Fiscal. Cualquier persona (incluidas autoridades y funcionarios públicos) que conozca la existencia de posible causa de incapacitación en un conocido debe ponerlo en conocimiento de dicho ministerio.
¿Cómo procede el tribunal en estos casos?
No se decide sobre la incapacitación sin previo dictamen pericial médico acordado por el tribunal. Durante el proceso, el tribunal oirá a los parientes más próximos y examinará al presunto incapaz (acordando los dictámenes periciales necesarios).
¿Qué establecerá la sentencia de incapacitación judicial?
La sentencia que declare la incapacitación va a determinar la extensión y límites de ésta, además del régimen de tutela o guarda asignado a la persona incapacitada. Según el caso, y siempre teniendo en cuenta la protección de la persona y patrimonio del incapaz, el juez establecerá la tutela, la curatela o el defensor judicial.
