Incapacidades

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¿Qué es la incapacitación judicial?

La incapacitación judicial es el mecanismo jurídico previsto para los casos en que una persona no puede “gobernarse a sí misma”, por ejemplo como consecuencia de una enfermedad o si padece alguna deficiencia persistente de carácter físico o psíquico. La finalidad de la incapacitación no es otra que proteger los derechos e intereses del incapacitado, tanto en lo referente a su vida personal como en relación a su patrimonio.

¿Quién puede solicitar la declaración de incapacidad?

Las personas legitimadas para solicitar el proceso de incapacitación son el cónyuge o descendientes y, si no hubiese, los ascendientes o hermanos del presunto incapaz. Se puede dar el caso de que ninguno de estos familiares haya solicitado dicha incapacitación, o incluso que no estén vivos.

Entonces la declaración debe ser promovida por el Ministerio Fiscal. Cualquier persona (incluidas autoridades y funcionarios públicos) que conozca la existencia de posible causa de incapacitación en un conocido debe ponerlo en conocimiento de dicho ministerio.

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¿Cómo procede el tribunal en estos casos?

No se decide sobre la incapacitación sin previo dictamen pericial médico acordado por el tribunal. Durante el proceso, el tribunal oirá a los parientes más próximos y examinará al presunto incapaz (acordando los dictámenes periciales necesarios).

¿Qué establecerá la sentencia de incapacitación judicial?

La sentencia que declare la incapacitación va a determinar la extensión y límites de ésta, además del régimen de tutela o guarda asignado a la persona incapacitada. Según el caso, y siempre teniendo en cuenta la protección de la persona y patrimonio del incapaz, el juez establecerá la tutela, la curatela o el defensor judicial.

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